El inicio del registro obligatorio de líneas telefónicas móviles, vigente desde el pasado 9 de enero, desató una fuerte controversia en torno a Telcel, tras denuncias de usuarios y especialistas sobre una presunta filtración masiva de datos personales. La situación generó indignación entre millones de clientes que cuestionan la seguridad del trámite.
El origen del fallo técnico
De acuerdo con reportes de internautas y expertos como el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, al ingresar el número celular en el portal oficial para realizar la vinculación, el código fuente del sitio permitía visualizar datos sensibles sin necesidad de contraseñas. Entre la información expuesta se encontraban:
- Nombre completo
- CURP
- Fecha de nacimiento
- Correo electrónico
Gómez Villaseñor explicó que, mientras el usuario esperaba el código de seguridad por SMS, cualquier persona podía acceder a los datos ya registrados utilizando las herramientas de desarrollador del navegador.
Críticas por la premura y riesgos de seguridad
José Flores, vocero de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, señaló al periodista José Cárdenas que estos fallos eran «esperables» debido al escaso tiempo (30 días) que las autoridades otorgaron a las operadoras para desarrollar una infraestructura capaz de gestionar millones de líneas, de las cuales el 80% son de prepago.
Además de la falla técnica, se han identificado otros riesgos críticos:
- Suplantación con Inteligencia Artificial: Se han reportado casos donde se utilizaron videos generados con IA (deepfakes) para engañar al sistema de «prueba de vida» y vincular líneas con identidades ajenas, como ocurrió presuntamente con la identidad del senador Gerardo Fernández Noroña.
- Ciberdelincuencia: Existe el riesgo de que surjan sitios web apócrifos o mensajes fraudulentos que busquen engañar a personas con menor alfabetización digital.
El trasfondo legal y la efectividad
Especialistas sostienen que este registro es un intento del Congreso por evadir la inconstitucionalidad del antiguo PANAUT, trasladando la responsabilidad de la ciberseguridad a las empresas privadas. No obstante, se ha cuestionado la utilidad de la medida; según la asociación GSMA, en 160 países donde se han implementado registros similares no hay evidencia científica de que ayuden a reducir la criminalidad. Por el contrario, se advierte que podría aumentar el robo de celulares, la clonación de tarjetas SIM y poner en riesgo la presunción de inocencia de los usuarios en caso de que sus líneas sean utilizadas para delitos sin su conocimiento.
Para entender mejor la situación, imagina que el portal de registro era como una casa nueva construida a toda prisa donde las ventanas cerraban, pero el vidrio era transparente para cualquiera que pasara por la calle. Aunque la empresa ya puso «cortinas» para proteger la privacidad, los expertos temen que los cimientos del sistema sigan siendo vulnerables ante delincuentes más sofisticados.
